Reportajes

Los muertos de las elecciones

  • Tres hombres. Tres vidas. Tres familias de luto. La violencia poselectoral dejó resultados trágicos; pero la Policía Nacional aún no responde
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Miguel Jerónimo López y José Rostrán ante la tumba de Juan Miguel López.

 

 

Por Amalia del Cid

 

La tumba de Juan Miguel López es un cúmulo desordenado de tierra y piedras y dos palos que amarrados con mecate forman una cruz. “Mire qué cosa, lo mataron en la misma fecha que nació”, dice su padre, Miguel Jerónimo. De pronto, esta coincidencia lo ha sorprendido. La cédula de identidad afirma que Juan Miguel cumpliría 34 años el pasado 30 de noviembre. Pero miente. En realidad fue el cinco, justo después de los comicios municipales, el mismo día que él y dos hombres más fueron asesinados en las revueltas poselectorales.

 

Hace más de un mes mataron a su hijo, pero Miguel Jerónimo acaba de advertir la casualidad en las fechas. “No me había percatado. Es que los pobres no celebramos cumpleaños”, explica.

 

La casa de los López está ubicada en Las Pencas, una de las comarcas más áridas de Ciudad Darío, Matagalpa. Es de barro, zacate y varas de madera. Quiere ser taquezal, pero se queda en una delgada capa de lodo seco, con agujeros por los que entran las ratas y las culebras que salen del monte. Aquí pasó sus últimos cinco días de vida Juan Miguel. No fue a votar por recomendación de su padre, quien le advirtió “No vayas, hijo. Dejá que pase esa bulla”.

 

Sin embargo, había que poner pan en la mesa. Y en la comarca de Totumblita, Juan Miguel tenía tres bocas que alimentar. Lo esperaban su esposa, Mercedes Juárez, y sus dos hijos, la mayor de 11 años y el menor de apenas cinco. Así que la mañana del cinco de noviembre se despidió de su familia paterna y se fue a buscar su caja de lustrar para aprovechar el día.

 

“Solo a morir jue”, comenta Miguel Jerónimo. No llora, pero se agarra la cabeza con ambas manos y dice que la siente no sabe cómo. No está muy seguro de lo que pasó ese día. Solo le han dicho que su hijo estuvo lustrando toda la mañana cerca del mercado de Ciudad Darío y que después, en busca de clientes, se trasladó hacia la calle de la Alcaldía Municipal.

 

“Lo hirieron tres veces. El muchacho que se lo echó al lomo dice que iba renqueando. Tenía dos charnelazos en la pierna. Uno lo siguió y le dio un balazo. Le dispararon cuando iba corriendo”, cuenta su padre. Pero todo lo conoce de oídas. Asegura que la Policía no le ha dado mayor información respecto a las circunstancias de la muerte de su hijo.

 

También dice que tiene miedo. Por eso está dejando que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. “Uno no puede decir nada. Aquí lo vienen a palmar a uno”, interviene José Rostrán, el primo con quien Juan Miguel escuchaba reggae y miraba las películas de los vampiros de Crepúsculo . “Ya no pudo ver la última parte”.

 

NADIE RESPONDE EN DARÍO

 

Ha pasado más de un mes desde las muertes de Juan Miguel López y Vidal Obando Lira. Fueron asesinados durante los enfrentamientos que se desataron en Ciudad Darío luego de que Roberto Rivas, presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE) anunciara como ganador al candidato del Frente Sandinista y alcalde del municipio, Ángel Rafael Cardoza, con una diferencia de 581 votos por encima del candidato liberal, Edgar Matamoros. Ambos partidos reclamaban la Alcaldía.

 

Desde las 8:30 de la mañana del lunes cinco de noviembre, simpatizantes del Partido Liberal Independiente (PLI) se reunieron frente al centro de cómputo de Ciudad Darío, acusando al Frente Sandinista de alterar las actas de los resultados para robar la Alcaldía que, según ellos, Matamoros había conquistado con una ventaja de 1,456 votos. El grupo fue replegado por sandinistas y antimotines.

 

En la página web YouTube hay vídeos de la revuelta. Se ven hombres armados con pistolas, morteros y piedras. Se miran sus rostros. Incluso, anda circulando un vídeo en el que se aprecia cómo mataron a Vidal Obando Lira, asegura su viuda, Celsa Rosa Ruiz. A pesar de ello, aún no hay detenidos. Eso sí, la Policía está investigando, dicen las autoridades.

 

“No, no hay detenidos. Estamos trabajando, estamos documentando, desde el primer momento se está trabajando en eso”, afirma el comisionado Ramón Morales, segundo jefe departamental del área investigativa de la Policía de Matagalpa.

 

Doña Celsa Rosa no cree. No confía en la Policía. “No puse la denuncia, ni la voy a poner. No quiero meterme en problemas. Si fuera otro mandato, respetuoso, tal vez hubiera leyes, pero ahorita no hay ley de nada. Tengo a mis hijos y no quiero que corran peligro”, manifiesta, sentada en la sala de su casita de ladrillos rojos y piso de tierra. A esta casa ni un solo oficial ha venido tras la muerte de Vidal. En cambio, cuando ha habido pleitos de barrio se presentan para hacer investigaciones y tomar testimonios se queja la viuda.

 

Ella tiene 72 años. Su esposo tenía 69. Estaban juntos desde hacía más de medio siglo y procrearon seis hijos. Él era el sepulturero de Ciudad Darío. También trabajaba en una fábrica artesanal de ladrillos y de vez en cuando cavaba sumideros.

 

El día que lo mataron se dirigía hacia la comarca de Totumbla, iba a comprar frijoles y a visitar a su hija embarazada, María del Rosario, preocupado porque llevaba 15 días sin verla. A doña Celsa Rosa le contaron que en el camino, frente al cementerio, su esposo se encontró con dos o tres amigos, por eso en lugar de salir a la carretera se fue por el centro del pueblo.

 

En la revuelta, en una calle del barrio San Antonio, fue golpeado con un tubo lanza morteros. “Le bajaron el pantalón cuando lo arrastraron. Él ya iba bien penqueado”, cuenta la viuda, con la voz quebrada. Al sitio donde él cayó, dice, regresó un hombre vestido de camuflado y le gritó: “¡Todavía estás vivo, hijo de la setenta puta somocista”. Entonces le disparó a la cabeza.

 

A eso de la 1:45 de la tarde sus hijos llegaron a levantar el cadáver. El cuerpo estuvo media hora tirado en la calle, porque la turba no permitía que se acercaran a él. “Nos disparaban. No daban chance con los morteros y las huleras”, relata Vidal Obando Ruiz, el hijo mayor del difunto.

 

Esa noche, en la Policía de Ciudad Darío les pidieron que por favor no anunciaran la vela del muerto. “Nos negaron el permiso”, asegura doña Celsa Rosa.

 

 

 

 

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MIEDO Y CONFUSIÓN

 

Ahora el clima está enrarecido. Antes de que oscurezca el día, las puertas de la vivienda de los Obando Ruiz están cerradas. Hay miedo. Y ya las vecinas que pertenecen al Frente Sandinista no llegan a platicar a la casa de doña Celsa Rosa.

 

“A veces me parece que va a venir (Vidal) y se va a sentar en la silla que sacaba al patio. También le hace falta al vecino, que es del partido. Pero no a los que se venden por una puerta”, comenta la viuda.

 

Según la señora, su marido ni siquiera asistía a actividades políticas. Ella sí. Y dice: “Mi padre era liberal, toda mi familia. Anduve en el cierre de campaña y en la primera, que fue en Calabaza. Si por eso me van a venir a matar, que me maten. Que me tiren una bomba, pero yo muero en mi ley. Yo no me voy a cambiar, no soy tortilla volteada, ni me vendo por nada”.

 

Pero teme por sus hijos. Así que, igual que la familia de Juan Miguel López, decidió esperar para ver si la Policía hace algo. “Para eso son las autoridades, supongo yo en mi ignorancia, porque no sé leer ni escribir, ni me rozo con buenas personas para aprender a defenderme. Ese es el problema. Supieron con quién lo hicieron, con la gente pobre. Yo no puedo aventar unos cuantos billetes para que me hagan justicia”, lamenta. Se ve fuerte y serena, pero dice que desde ese cinco de noviembre no sabe dónde tiene la cabeza.

 

Por ahora la familia está tratando de conseguir la epicrisis con las causas de muerte de Vidal Obando Lira. El pasado lunes tres de diciembre, Vidal, el hijo mayor fue por el documento al hospitalito Rubén Darío del municipio. Ahí, cuenta, le dijeron que su papá murió de “cardiopatía”. Él se negó a aceptar esos resultados.

 

“Yo no quise agarrar ese papel. Ahora piden la exhumación del cadáver, pero yo no voy a permitir que le hagan eso a mi papá. No vale la pena. La familia no está de acuerdo, a él lo mataron a la luz pública, en medio de un montón de gente. Hay vídeo”, señala Vidal Obando Ruiz. Y afirma que existen testigos. Muchos. No obstante, tienen miedo de hablar, porque “ya se comprobó que el partido sandinista tiene licencia para matar”.

 

MUERTE EN EL JÍCARO

 

Al concluir las votaciones del cuatro de noviembre, Ariel Reyes volvió a casa. Como miembro de la Juventud Sandinista 19 de Julio y procurador juvenil, había estado trabajando todo el día en las mesas electorales de la polvorienta comarca de Sabana Larga, municipio de El Jícaro, Nueva Segovia.

 

Su madre, Martha Julia Tórrez, le dijo que la cena estaba lista. Él respondió que solo tomaría café, que ya comería al regreso. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando partió con el grupo que entregó las urnas electorales en El Jícaro. Al regreso, pasada la medianoche y a pocas cuadras de la casa de campaña del Frente Sandinista, una lluvia de piedras cayó sobre la carpa del camión, en el que viajaban unas sesenta personas. Ariel iba colgado y cayó al suelo. Quizás a causa de una pedrada.

 

El vehículo se detuvo unos 150 metros adelante, recuerda su hermano mayor, Antonio Reyes. En la oscuridad regresaron a buscarlo. Y alguien gritó: “¡Mataron a Ariel!”. Porque el joven había recibido tres puñaladas, una en el cuello y las otras en la espalda. “Todas mortales”.

 

La familia del difunto cree que los agresores eran simpatizantes del PLI. El mismo cinco de noviembre, según informaron los medios de comunicación, la Policía de la localidad detuvo a dos sospechosos. A la fecha continúa investigando.

 

“Yo he estado en contacto con el subcomisionado Juan de Dios Robleto (jefe de la delegación policial de El Jícaro). Lo que él me ha comunicado es que sí es un caso de prioridad, que se le está dando seguimiento y ya se pasó al Ministerio Público. El hombre anda prófugo. Es lo que él ha dicho, pero que todavía no se ha podido capturar”, apunta Antonio Reyes.

 

Doña Martha Julia no come, no duerme. Solo llora. Sin embargo, cree que al menos su hijo “murió defendiendo ese voto hasta las últimas consecuencias”.

 

--Y al final ganó el Frente Sandinista, ¿verdad?

 

--Gracias a Dios que sí. Ese es el gusto que me queda. Me quitaron a mi hijo, pero no se quedaron con la alcaldía-- responde, sentada en el porche de su casita de adobe.

 

--¿Usted cree que valió la pena?

 

--Sí... sí... Valió la pena...

 

--Pero una alcaldía no vale la vida de un muchacho...

 

--Sí, no vale la vida. Pero peor es que quedaran burlándose.

 

¿POR QUÉ LA VIOLENCIA?

 

Se debe hacer justicia en cada uno de estos casos. Pero no se debe perder de vista quiénes son los verdaderos responsables de estas tragedias. A juicio de Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), se puede señalar categóricamente a los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral por no respetar la voluntad del pueblo nicaragüense.

 

Mientras, Gonzalo Carrión, asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), considera que la raíz de tanta violencia es la pérdida de las condiciones mínimas para tener un proceso electoral transparente. A lo que hay que sumar la actitud de una Policía Nacional que funciona como “guardiana del fraude” y no es parcial al aplicar la Ley.

 

Lo más lamentable, subraya Carmona, es que siempre son las familias más pobres las que ponen los muertos, debido a “su falta de cultura y pericia”.

 

Ajeno a todo, Miguel Jerónimo López se agacha para acomodar las flores plásticas de la sepultura de su hijo. Tuvo que caminar dos kilómetros por un camino pedregoso para llegar hasta el cerro del cementerio. “Cuando pueda le voy a venir a poner una cruz de concreto. Y le voy a hacer su tumba”, dice. En algún lugar de Nicaragua debe estar sonando el Himno Nacional, con esa estrofa que hoy sabe a ironía: “Ni se tiñe con sangre de hermanos tu glorioso pendón bicolor...”.